Madrid, 3 de agosto de 2006

 

LA ASOCIACIÓN DE EX-PRESOS Y REPRESALIADOS POLÍTICOS ANTIFRANQUISTAS agrupa a las víctimas supervivientes de la represión franquista, algunos de los cuales permanecieron más de 20 años en las cárceles de la Dictadura por motivos estrictamente políticos.

Constituida en 1965 y legalizada en 1979, la Asociación nunca ha buscado revanchas ni venganzas, no pretende abrir las heridas que desgarraron España durante cuarenta años ni tampoco juzgar actuaciones políticas de aquellos tiempos. Sus miembros asumieron desde el primer momento el espíritu de la Reconciliación Nacional en que se basó la Transición y respaldaron la Constitución de 1978, que permitió que nadie fuera juzgado o encarcelado por sus ideas políticas.

El objetivo de la Asociación ha sido siempre defender los derechos y la memoria de todas las víctimas de la Dictadura, un régimen surgido del triunfo militar de los generales que se revelaron contra el Gobierno constitucional de la República, encabezados por Francisco Franco, y que sometió a penas de prisión, en no pocos casos de hasta 25 años, a unos 200.000 españoles.

Esas víctimas somos nosotros, los que quedamos vivos entre tantos y tantos miles que el tiempo ha hecho desaparecer. Y, transcurridos más de 30 años desde que la democracia fue establecida en España, esos derechos y esa memoria siguen pendientes de reconocimiento y satisfacción en la medida y extensión que corresponde.

Durante muchos años, nadie tuvo en cuenta las demandas de los ex presos políticos del franquismo. En algunos casos hubo buenas palabras, pero acompañadas de silencio administrativo. En el terreno económico, hasta 1990 no se aprobó una norma, la conocida "Ley Solchaga", que arbitró un sistema de indemnización a todas luces insuficiente, por el que personas que habían sufrido 23,25 y 26 años de cárcel percibieron en la práctica el equivalente a unos 500 euros por cada año padecido en prisión, mientras que más de 50.000 represaliados se quedaron sin percibir un sólo céntimo, a pesar de haber acreditado documentalmente su encarcelamiento por defender las ideas democráticas.

Desde entonces, diveras Comunidades autonómicas han intentado paliar, parcialmente, tan injusta discriminación, pero aún hoy día quedan tres - Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana- que siguen respondiendo con silencio.

 

Con todo, no es la compensación económica personal el objetivo que la asociación sitúa en primer plano. El fin primordial de este comunicado es dejar constancia de que, a pesar de la mejor acogida que nuestras peticiones han recibido del actual Gobierno de izquierdas que preside José Luís Zapatero, este Ejecutivo tampoco se ha pronunciado a favor de una satisfacción definitiva de nuestro derechos.

Lamentablemente, el proyecto de Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros supone un retroceso respecto a anteriores promesas del Gobierno. Incluso se prescinde de la expresión "Reconocimiento de la Memoria Histórica", con la que se quería representar el sacrificio de los que sufrieron represión política bajo el franquismo.

1.) Más allá de expresiones concretas, la Ley debe condenar públicamente el régimen dictatorial, torturador y terrorista de Franco, así como reconocer la dignidad que comportó la lucha que las personas represaliadas, en una u otra medida, sostuvieron contra la rebelión y la dictadura franquistas.

Estas personas merecen un reconocimiento expreso y oficial de la aportación que su lucha significó para el restablecimiento de la democracia. Esa fue la razón de su lucha -y de su respuesta activa al sentimiento de reconciliación nacional que emanaba de la sociedad española- y el reconocimiento de esa razón es la reivindicación que esperan ver satisfecha.

Exigimos ese reconocimiento por parte del poder político. Un reconocimiento sin paliativos ni medias tintas. Un reconocimiento documental, a cada una de las víctimas de la represión. Con monumentos expresamente erigidos en su memoria, con la promoción y financiación de actos conmemorativos, con la exhumación de los restos mortales de los asesinados, su inhumación en un lugar apropiado y la consiguiente inscripción en los Registros Civiles correspondientes, de modo que quede constancia de la causa real de su muerte.

Las víctimas del franquismo, más de 300.000, deben ser tan queridas y respetadas como las víctimas de ETA. Es sumamente encomiable la unanimidad existente respecto a la justicia de las reclamaciones de las víctimas de ETA, a las que valoramos y apoyamos y cuyo dolor compartimos. Pueden estar seguros los familiares y allegados de las víctimas de ETA de que nadie como nosotros nos sentimos compenetrados con su dolor y sus peticiones de reconocimiento. Lo que solicitamos es precisamente que se haga extensivo el mismo trato a todos los que han sufrido persecución y cárcel como consecuencia de sus ideas. Víctimas del terror político fuimos unos y otros.

2.) Nuestra Asociación no está de acuerdo con que el proyecto de Ley haya renunciado a anular los Consejos de Guerra que se produjeron durante la dictadura hasta el año 1963. En ellos se firmaron penas de muerte ejecutadas sin que los procesados tuvieran derecho a defensa. En la Capitanía de Madrid, el ponente D. Manuel Fernández en ejercicio, incluso carecía del título de abogado.

3.) Manifestamos nuestra tristeza al comprobar que el Valle de los Caídos sigue siendo un símbolo de la Dictadura. En su construcción perdieron la vida numerosos represaliados y creemos que la neutralidad más completa debe presidir este monumento, en el que no debería permanecer enterrado el dictador. Si su familia y amigos le quieren venerar, deberían poder hacerlo en un lugar donde no hiriera los sentimientos de tantos demócratas.

4.) Según la comunicación remitida por el Ministerio de la Presidencia a nuestro Presidente, Gervasio Puerta, se amplía en tres meses -hasta el próximo octubre- el plazo para dirigir peticiones de subvención económica por parte de las personas y organizaciones que se crean con derecho a ello. Nada que objetar, salvo el temor a que esta prórroga pueda ir seguida de otras, lo que dilataría indefinididamente la solución de las peticiones. Además, advertimos del peligro de que puedan aprovecharse entidades o personas con fines distintos a los previstos.

En todo caso, expresamos nuestra opinión definitiva sobre la nueva Ley cuando tengamos conocimiento detallado de su contenido.

 

 

Gervasio Puerta. Presidente. Gregorio Ortiz. Vocal. José Martín Rodríguez. Tesorero